Baja California iniciará PROCESO ELECTORAL en diciembre: SCJN

Mexicali, B. C.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión remota del Tribunal Pleno, validó diversos preceptos de la Constitución Política, de la Ley Electoral y de la Ley que Reglamenta las Candidaturas Independientes, todos del Estado de Baja California, reformados mediante decreto publicado el 27 de marzo de 2020, por medio del cual se modificó la fecha de inicio del proceso electoral y se ajustaron otros preceptos conforme a esa nueva fecha de inicio; al considerar que no resultan violatorios de la Constitución General.

Se mantiene la fecha del primer domingo de diciembre de 2020, como el inicio del proceso electoral en Baja California/Youtube SCJN

Resolvió la validez del Decreto 52, aprobado y emitido por la Vigésima Tercera Legislatura de Baja California, el cual contenía una iniciativa de reforma al artículo 5 de la Constitución local, planteada por el Poder Ejecutivo del Estado, con el propósito de recorrer de septiembre a diciembre del presente año el proceso electoral, entre otros temas.

El Ejecutivo argumentó que con dicha reforma el Gobierno del Estado se ahorraría millones de pesos, ya que al reducirse el periodo del proceso electoral, disminuirían los costos en renta de inmuebles, sueldos de personas y funcionarios, etcétera.

El diputado Juan Manuel Molina García, presidente la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso local, dio a conocer que la Suprema Corte desechó la Acción de Inconstitucionalidad 128/2020, promovida y planteada ante ese máximo órgano de justicia por el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano, en el sentido de que era inconstitucional  prolongar el plazo de inicio del proceso electoral hasta diciembre.

Asimismo, la SCJN validó la disposición de la Constitución local donde se introdujo la austeridad como principio rector del proceso electoral, al considerar que resulta acorde con el artículo 134 de la Constitución Federal, donde se prevé que los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

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